Doña Justina, vecina de la zona Periférica de La Paz, vive desde hace tres años en una carpa en la vía pública junto a su esposo inválido, tras perder su vivienda ejecutada por una entidad financiera por haber firmado como garante de un préstamo de 4.000 dólares.Según su testimonio, la prestataria original, Lidia Arminda Chura Choque Quispe, le solicitó la garantía asegurando que vendía autos y ganaba 100 dólares semanales, pero incumplió los pagos, por lo que la deuda recayó íntegramente sobre la garante.El caso expone la situación de vulnerabilidad de los garantes frente a la ejecución de deudas y la falta de mecanismos de protección, una problemática que afecta a familias de escasos recursos que terminan perdiendo su patrimonio por obligaciones de terceros.