El fiscal general Roger Mariaca rechazó las acusaciones de Estados Unidos que lo vetó por presunta corrupción significativa y vínculos con el narcotráfico. Dijo que no permitirá que se afecte su carrera, trayectoria e imagen sin pruebas y que su familia sea arrastrada injustamente, y defendió que Bolivia es un Estado soberano donde solo sus instituciones pueden investigar.Atribuyó el veto a una represalia por los casos que investiga, como el del exasesor presidencial Fernando Cerimedo por intento de feminicidio y legitimación de ganancias ilícitas y el caso Gasolina basura, y advirtió que ninguna presión política nacional o internacional impedirá que siga investigando.El Gobierno calificó las denuncias de EEUU como muy graves y anunció que pedirá a Washington elementos probatorios e información oficial para activar investigaciones internas. Los ministros Ernesto Justiniano, Marco Oviedo y Fernando Aramayo dijeron que respetan la decisión migratoria de EEUU pero que la tomarán con seriedad en el marco del Escudo de las Américas y que se intensificarán las tareas de inteligencia contra los 13 señalados, recordando que es la Asamblea Legislativa la que debe definir la situación de Mariaca.