El Gobierno intervino la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Mediante el Decreto Supremo 5699 dispuso una Intervención Estatal Extraordinaria por 180 días, prorrogables por 90 más, ante «deficiencias, riesgos y vulnerabilidades» en la regulación y fiscalización de toda la cadena de combustibles. La medida llega un día después de intervenir YPFB y apunta directo al corazón del desabastecimiento. El Ejecutivo responsabiliza a decisiones normativas y contractuales de gestiones pasadas por la crisis actual de diésel y gasolina. Una Comisión Interinstitucional de 4 ministerios asumirá la supervisión de la ANH. Tendrá facultades extraordinarias para auditar, revisar el sistema B-SISA, evaluar procesos sancionatorios, verificar la calidad de combustibles y recomendar la remoción de personal. En 30 días deberá entregar un informe inicial y los hallazgos con indicios de delito irán a la Contraloría y al Ministerio Público.