El presidente Rodrigo Paz firmó el Decreto Supremo N° 5697 y dispuso la Intervención Estatal Extraordinaria de YPFB por 180 días para «recuperar la eficiencia operativa y administrativa» de la petrolera estatal y transparentar la cadena de importación y distribución de combustibles. La medida llega en medio de denuncias de desvío, contrabando y acopio ilícito de carburantes que tienen al país en crisis de abastecimiento. Una Comisión Interventora de 5 ministerios tendrá acceso total a la información técnica, financiera y operativa de YPFB, podrá hacer auditorías, remover personal e iniciar acciones legales. Uno de los ejes centrales será rastrear la trazabilidad de los combustibles para identificar redes de contrabando. El informe inicial debe entregarse en 30 días y los hallazgos con indicios de delito irán directo a la Contraloría, al Ministerio Público y a la Procuraduría. La intervención no suprime YPFB ni implica más gasto para el TGN.