Con el diésel a Bs 18 para grandes consumidores y a Bs 9,80 en surtidores, el Gobierno dejó una diferencia de Bs 8,20 por litro que expertos advierten como un incentivo millonario para el desvío y el mercado negro.Esa brecha significa que por cada 10.000 litros desviados el potencial de ganancia ilegal es de Bs 82.000. Y por 100.000 litros llega a Bs 820.000. El decreto plantea 8 riesgos: arbitraje de precios, desvío desde surtidores, corrupción en la cadena, “cambio de destino” de cargamentos, un nuevo precio de referencia para la reventa ilegal, falsos “grandes consumidores”, manipulación de volúmenes y corrupción durante el cierre de la ANH y la creación de una nueva entidad.Las preguntas que quedan sin respuesta son directas: ¿Cómo se impedirá que el diésel barato termine en el mercado caro? ¿Quién controla cada litro que sale de un surtidor? ¿Existe trazabilidad real desde YPFB hasta el consumidor final? Si antes los controles fallaron, ahora el negocio ilegal no desaparece: solo podría cambiar de forma