El transporte público en el mundo atraviesa una crisis estructural. Los ingresos por pasajes no cubren ni la mitad de los costos reales de operación, según coinciden estudios del sector. Mantener buses, trenes y teleféricos demanda inversiones millonarias en infraestructura, renovación de flotas, energía, salarios, seguridad, seguros, tecnología y administración. Ante ese déficit, los gobiernos intervienen. El objetivo es garantizar tarifas accesibles para estudiantes, trabajadores y sectores de bajos ingresos, y evitar el colapso del servicio. El modelo se replica en América Latina. En Argentina, los subsidios nacionales y de la Ciudad de Buenos Aires sostienen históricamente subtes, trenes y colectivos, incluso los operados por privados. En Chile, el Estado financia al Metro de Santiago y destina recursos para ampliaciones y contención tarifaria. En Brasil, el sistema combina operadores públicos y privados, pero el gobierno aporta fondos clave para infraestructura. En Perú, el Metro de Lima fue construido con inversión pública y el Estado mantiene compromisos financieros vigentes pese a la concesión. Sin ese respaldo fiscal, el transporte masivo sería inviable.