El economista Fernando Romero analizó la compleja situación financiera de Bolivia, señalando que las medidas de ajuste —como la devaluación del boliviano y la flexibilidad en el tipo de cambio— habrían sido inevitables para cualquier administración en el poder dadas las condiciones actuales y la necesidad de financiamiento externo. Si bien estas decisiones conllevan un alto costo político y social, Romero enfatizó que no basta con la inyección de recursos o el endeudamiento público; por el contrario, advirtió que la efectividad de estos fondos depende estrictamente de una reingeniería presupuestaria y un cambio profundo en un modelo económico que ya muestra claros signos de agotamiento tras casi veinte años de vigencia.​Asimismo, se destaca el fuerte impacto que el retraso en la aplicación de estas medidas ha tenido sobre la percepción ciudadana, reflejado en una notable caída en los niveles de aprobación de la gestión gubernamental, la cual pasó del 65% al inicio del mandato a un 38% antes de implementarse el «dólar flexible». Existe un claro consenso en que, para atraer inversión extranjera y generar divisas de manera sostenible, es imperativo actualizar el marco normativo mediante nuevas leyes enfocadas en sectores clave como los hidrocarburos, el litio y la minería. Retrasar estas reformas estructurales no solo dilataría la crisis de la moneda extranjera, sino que podría derivar en un escenario de inestabilidad social y bloqueos que complicarían aún más el panorama nacional.