Abrir la importación con precios libres expone al consumidor a la volatilidad del barril de petróleo, al tipo de cambio y a los costos logísticos, lo que puede trasladarse rápido al transporte y a los alimentos. Mantener un esquema dual con combustible subsidiado y libre genera incentivos para la corrupción: permisos discrecionales, sobornos en aduanas, desvío de cupos estatales para reventa y adulteración de volúmenes si la ANH no garantiza trazabilidad y fiscalización efectiva. También aumenta el riesgo de ingreso de combustible fuera de norma por controles débiles, dañando motores y elevando gastos de mantenimiento. Las diferencias de precio con países vecinos alientan el contrabando y la evasión, mientras YPFB pierde ingresos e inversión al ceder el monopolio. Si la burocracia, la falta de reglas claras y la corrupción frenan a los privados, el problema de abastecimiento puede agudizarse en vez de solucionarse.