La Ley 1740 que regula los estados de excepción ya está vigente tras la firma de Rodrigo Paz, pero el Presidente no puede aplicarla solo. Para activar Policía y Fuerzas Armadas necesita un decreto presidencial que la Asamblea Legislativa debe aprobar o rechazar en solo 72 horas. Paz apuntó directo al “narcoterrorismo” como amenaza a la democracia, pero la norma fija límites: no suspende derechos constitucionales, exige agotar el diálogo primero y limita a los militares a apoyo logístico y resguardo de vías.El punto más explosivo es el artículo 26: otorga “presunción de legalidad operativa” a policías y militares por sus actos. Mientras el oficialismo defiende que “sería ilógico que fueron formados para vulnerar derechos”, la oposición advierte que crea un blindaje indebido. La ley da 90 días máximo, prorrogables solo con aval del Legislativo, y deja a Bolivia a un decreto de distancia del uso de las Fuerzas Armadas en las calles para reestablecer el orden en el país.