Después de casi un mes de cortes de ruta en Bolivia, la pregunta ya no puede seguir sin respuesta. Los bloqueos no solo golpean la economía nacional: vacían el bolsillo del ciudadano de a pie, del productor, del ganadero, del agricultor y de toda industria que depende del tránsito diario. Son ellos quienes pagan el costo de un conflicto que el gobierno no logra resolver por falta de capacidad, mientras la escasez encarece alimentos, frena el trabajo y pone en riesgo insumos médicos que no llegan a los hospitales.El daño va más allá de lo económico y la responsabilidad no recae solo en el Ejecutivo. Los bloqueadores, al impedir el abastecimiento a las ciudades y cortar incluso corredores humanitarios, terminan afectando directamente a miles de familias bolivianas. Cortar el paso a ambulancias y alimentos genera muertes evitables, hambre en los hogares y un desgaste psicológico que se siente con fuerza en ciudades como La Paz, donde el estrés y la ansiedad se disparan ante la incertidumbre. En otros países el bloqueo está prohibido precisamente por el perjuicio que causa a la población; incluso en tiempos de guerra se respeta el paso de la ayuda humanitaria. Termina el conflicto, pero queda la factura: vidas perdidas, negocios quebrados y familias sin qué comer. Por eso, una vez que se levanten los puntos de bloqueo, la obligación de responder por el perjuicio cometido recae tanto en el gobierno como en los propios bloqueadores.