El Comité pro Santa Cruz salió en defensa del sector productivo cruceño y respaldó la decisión de la Cámara Agropecuaria del Oriente de dar un plazo de 60 días para consensuar una nueva norma que mantenga los alcances de la Ley 1720. El Directorio cívico advirtió que no permitirá que la abrogación sea usada como excusa para promover un “corte constitucional” en el país.La postura busca blindar al agro del oriente frente a lo que consideran un intento de desestabilizar la seguridad jurídica y productiva. Con este respaldo, los cívicos se alinean con la CAO para presionar al Gobierno y al Legislativo a sentarse a negociar una ley que evite vacíos legales y garantice la continuidad del sector agropecuario.