El gobierno boliviano dio marcha atrás a la licitación para contratar un servicio de monitoreo de redes sociales por 696.000 bolivianos, tras críticas de legisladores que advirtieron posibles riesgos para la libertad de expresión. La vocera presidencial, Karla Faval, aseguró que el proceso fue retirado y que no se trataba de controlar redes sociales, sino de evaluar la comunicación pública.Los legisladores de oposición habían expresado su preocupación por el posible uso político del monitoreo y anunciaron fiscalización. La senadora Soledad Chapetón advirtió que cualquier intento de control a redes sociales debe ser rechazado, mientras que el diputado Armin Lluta pidió garantías democráticas.