Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) destituyó a 360 funcionarios y abrió investigaciones internas para esclarecer irregularidades en la calidad de los combustibles. La estatal identificó combustible desestabilizado con caucho y manganeso en Oruro, Beni y Santa Cruz, y no descarta la existencia de una posible «mano negra» detrás de la adulteración.El presidente de YPFB, Yussef Akly, aseguró que el Estado tomará acciones firmes para proteger a los usuarios y a la institución, y que se ejercerá todo el peso de la ley contra los responsables. La empresa ejecutó el despido de 360 empleados como parte de un plan de depuración interna para retirar a personas que perjudiquen la gestión y comprometan la calidad del servicio.