La Cámara de Diputados prioriza el debate de la «Ley Antibloqueos», un proyecto que busca declarar el cierre de rutas como un delito y no como un derecho, estableciendo penas de entre 10 y 20 años de prisión para organizadores y financistas, además de blindar a policías y militares para que intervengan con equipo completo y sin temor a represalias legales.