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Bolivia enfrenta una crisis política, económica y social sin precedentes, marcada por la pugna entre el presidente Luis Arce y Evo Morales, líder desplazado del MAS. En 2024, el Tribunal Constitucional bloqueó la postulación de Morales y reconoció a Grover García como jefe del partido oficialista, profundizando la división interna.

Morales enfrenta una orden de detención por presunta trata de menores, mientras sus seguidores organizaron bloqueos que paralizaron al país, causando pérdidas económicas de 4.000 millones de dólares, un 9% del PIB. Los conflictos derivaron en desabastecimiento, alza de precios e impactos en sectores clave como transporte y agricultura.

La economía también mostró señales de agotamiento del modelo instaurado en 2006. La inflación acumulada alcanzó el 8,8%, la más alta en 16 años, y las reservas internacionales cayeron a 1.900 millones de dólares. A esto se suman 11 años de déficit fiscal y un crecimiento proyectado de solo 1,4%.

Además, el año estuvo marcado por tensiones políticas, como un fallido golpe militar y un supuesto atentado contra Morales. La devastación ambiental por incendios récord en zonas agrícolas también agravó la crisis.

Bolivia avizora un 2025 electoral cargado de incertidumbre, con un modelo político y económico desgastado y la urgencia de un cambio estructural.

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