Al cumplirse el primer año del presidente Rodrigo Paz, el excandidato presidencial Jaime Dunn y el jurista Rubén Darío Cuéllar coincidieron en que la transformación integral del sistema judicial es la tarea más urgente y postergada del Gobierno, por encima del ámbito económico, ante el deterioro del Órgano Judicial y el Ministerio Público.El director del Observatorio de Derechos Humanos y Justicia, Rubén Darío Cuéllar, afirmó que el aparato judicial está penetrado por redes delictivas y esquemas de extorsión y sostuvo que no basta con remover a las máximas autoridades, sino que se requiere un gran acuerdo político en la ALP para auditar el ingreso a la carrera judicial, ajustar la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y garantizar por ley al menos el 3% del Presupuesto General del Estado como presupuesto independiente.El analista financiero Jaime Dunn remarcó que el país enfrenta una crisis moral y de valores reflejada en el descrédito de la justicia y los recientes escándalos, y planteó que el Ejecutivo debe asumir la reforma como narrativa central con investigaciones transparentes y cambios normativos de fondo. El politólogo Franklin Pareja advirtió a su vez una parálisis ejecutiva y legislativa que impide reformas estructurales y calificó de «mundo al revés» que las propias autoridades judiciales denuncien indefensión, señalando que 2027 es el último plazo viable para concertar leyes antes del ciclo electoral de 2028.
