SOBOCE fue notificada el 25 de septiembre con un plazo de 20 días para pagar Bs 744 millones bajo amenaza de ejecución coactiva, por una condena de competencia desleal vinculada al uso de sus acciones como garantía de un préstamo. La empresa cuestiona la sentencia y sostiene que existen recursos pendientes y una omisión de consulta prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.La compañía vincula el caso con la expropiación en 2010 de sus acciones en FANCESA, por la que reclama al Estado una indemnización cercana a los 300 millones de dólares que, según afirma, lleva 16 años sin resolverse. Para SOBOCE, la exigencia de pago inmediato contrasta con la demora en su reclamo contra el Estado.Ante ello, llevó su denuncia ante la Comunidad Andina por presunto trato discriminatorio, no por la indemnización, y solicitó suspender la ejecución del cobro mientras el tribunal andino examina el caso. La empresa también observó presuntas irregularidades en notificaciones judiciales y el reconocimiento de privilegios a FANCESA, en un conflicto que reabre el debate sobre seguridad jurídica y debido proceso.