El Gobierno nacional promulgó el decreto supremo que hace operativa la Ley 1680, que establece medidas de atención integral y protección social para hijas e hijos en situación de orfandad por feminicidio, asesinato cometido por pareja o expareja y homicidio-suicidio derivado de violencia. El anuncio fue realizado el 7 de octubre de 2026 por el vocero presidencial José Luis Gálvez.La norma prevé un bono económico mensual equivalente al 20% del Salario Mínimo Nacional, además de un paquete alimentario mensual del 20% del subsidio de lactancia para menores de cinco años. También garantiza acceso al servicio de salud, inscripción inmediata al sistema educativo, traspaso escolar sin demora y prioridad en becas universitarias, con el objetivo de restablecer sus proyectos de vida según el artículo 2 de la ley.Asimismo, la reglamentación incorpora la protección de bienes sucesorios de las víctimas para evitar su disposición hasta resolución judicial y establece que, cuando el presunto autor sea cónyuge o conviviente, la custodia inmediata de los menores recaerá en abuelos u otros familiares cercanos por línea materna, conforme a normativa vigente.