Bolivia está a punto de vivir su mayor cambio en 20 años: el sector privado tomará la importación y venta de combustibles bajo el Decreto Supremo 5644. El objetivo oficial es acabar con las filas y la escasez. Con la libre competencia, agroindustrias, mineras y grandes consumidores podrán comprar carburante directo para no paralizar sus operaciones. El Gobierno también respira: se quita de encima la pesada carga de la subvención que ahoga al Tesoro General de la Nación.