La senadora Ana Crispín (PDC) lanzó una dura advertencia sobre la crisis de abastecimiento de hidrocarburos en el país, señalando que las refinerías nacionales operan a penas a un 20% de su capacidad total. Según la legisladora, la falta de compra e provisión de crudo por parte del Estado impide la producción suficiente de diésel, una situación que tildó de lamentable al considerar que las decisiones gubernamentales parecen estar orientadas a favorecer los bolsillos e intereses de empresas privadas en lugar de garantizar la soberanía energética.​ A su vez, Crispín cuestionó la efectividad de medidas como el Decreto 5676 —que fija el precio del diésel en 18 bolivianos el litro para grandes consumidores— y reveló que existen cerca de 200 decretos emitidos con severos vacíos legales, administrativos y penales. Asimismo, criticó la postura de sectores políticos que difunden discursos de oposición ante los medios, pero que terminen respaldando al Ejecutivo durante las votaciones, advirtiendo que la falta de fiscalización real solo agrava la incertidumbre en el sector.