El Gobierno impulsa la nueva Ley de Inversiones como la receta para reactivar la economía, atraer capitales y generar empleo. Pero la gran duda que recorre el país es si esta norma será realmente la salvación que prometen o terminará convertida en un negocio redondo para unos pocos privados.Con anuncios de incentivos, seguridad jurídica y facilidades para capitales nacionales y extranjeros, la ley busca abrir la puerta a proyectos millonarios. Sin embargo, sectores productivos y analistas se preguntan: ¿quién se beneficiará de verdad? ¿El ciudadano que no llega a fin de mes o los grandes grupos empresariales que esperan condiciones a su medida?La desconfianza es tal que, a la par que el Gobierno presentó su proyecto, el partido de Libre también ingresó otro a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Esa jugada deja en evidencia la falta de credibilidad del oficialismo y abre la probabilidad de que el proyecto del Gobierno sea rechazado en la ALP y se apruebe otro. El Ejecutivo tendrá que buscar alianzas y que esas alianzas le salgan bien si quiere salvar su norma. De fondo queda la pregunta clave: ¿será realmente un beneficio para el país y el ciudadano, o solo un negocio más para los privados?
