A días de cumplir 9 meses de gestión, el Gobierno de Rodrigo Paz enfrenta su peor crisis interna. La relación con su vicepresidente Lara está rota, en plena celebración de los 201 años de Bolivia y con el país sumergido en inflación, escasez de combustible y dólar al alza.Las tensiones entre el presidente Rodrigo Paz y el vicepresidente Edmand Lara estallaron inmediatamente después de asumir el cargo debido al control del gabinete ministerial y la influencia externa de figuras como Samuel Doria Medina. El punto de quiebre definitivo ocurrió con el escándalo y posterior cierre del Ministerio de Justicia, impulsado por Lara, sumado a la creación de un viceministerio que el vicepresidente consideró un intento inconstitucional por anular sus funciones en la Asamblea Legislativa.La relación terminó de romperse tras el rechazo público de Lara a las medidas económicas de Paz, como el levantamiento de las subvenciones a los combustibles, lo que llevó al vicepresidente a declararse formalmente en oposición a su propio gobierno. Actualmente, el distanciamiento es total luego de que Lara exigiera la renuncia del mandatario ante la crisis de carburantes y denunciara un decreto reciente (agosto de 2026) destinado a subordinar económicamente a la Vicepresidencia bajo el control del Ministerio de la Presidencia.El Decreto Supremo 5552, promulgado por Rodrigo Paz el 20 de febrero de 2026, representó el golpe definitivo a la estructura operativa de la Vicepresidencia al desarmar su autonomía ejecutiva y financiera. Mediante esta norma, el Ejecutivo transfirió 28 direcciones, unidades administrativas, presupuestos y activos de la Vicepresidencia hacia cuatro ministerios clave, centralizando el control de áreas como Transparencia y Auditoría Interna bajo el Ministerio de la Presidencia. Ante la eliminación de su Secretaría General y la prohibición de tener representaciones regionales, Edmand Lara rechazó vehementemente la medida, calificándola como un acto inconstitucional destinado a instaurar una «dictadura» y denunciando públicamente que la norma lo degradaba a nivel operativo, dejándolo virtualmente como un «empleado» sin facultad para contratar personal o administrar recursos.
