La diputada de Alianza Unidad, Cecilia Requena, lanzó una dura advertencia sobre la situación del cooperativismo minero en el país, revelando que el sector aurífero apenas deja un promedio estimado del 2% en regalías, las cuales erróneamente se confunden con impuestos. Bajo el amparo de la Ley 535 —promulgada durante la gestión de Evo Morales—, esta actividad goza de exenciones impositivas extremas bajo la premisa de ser una labor «artesanal y marginal»; una realidad que dista mucho del poder económico y político que hoy ostentan y que facilita el desvío de toneladas de oro hacia el contrabando internacional.​A diferencia de la minería mediana formal que sostiene gran parte de las exportaciones estatales, el negocio del oro no solo evade el control fiscal y debilita las reservas estratégicas necesarias para respaldar la moneda nacional, sino que arrastra una profunda crisis social y ambiental. Requena calificó de «impresentable» el reciente acuerdo del Gobierno con los mineros, denunciando que la entrega de valiosos yacimientos y la falta de regulación laboral propician un escenario de explotación, violencia y destrucción de comunidades en la Amazonía que urge ser expuesto y frenado.