El Tribunal Constitucional Plurinacional y el Tribunal Supremo de Justicia arrastran siete cargos acéfalos desde diciembre de 2024, tras un proceso de elecciones judiciales truncado por magistrados autoprorrogados. Cinco vacantes corresponden al TCP en Cochabamba, Tarija, Santa Cruz, Beni y Pando, y dos al TSJ en Beni y Pando. La situación impide al TCP sesionar en sala plena al contar solo con cuatro magistrados electos, mientras el TSJ opera con siete de nueve miembros. La comisión de Constitución de Diputados analiza un proyecto de ley para resolver las acefalías, pero aún no hay dictamen. El vocal del TSE, Carlos Alberto Goytia, expuso el 14 de junio que unas elecciones complementarias demandarían Bs 180 millones, generarían un desfase de mandatos hasta 2033 frente al vencimiento de los actuales magistrados en enero de 2031, y coincidirían con el debate de una reforma judicial. El conflicto se originó en junio de 2023, cuando el TCP autoprorrogado declaró inconstitucional la Ley 1513 y, pese a la aprobación de la Ley 1549 en febrero de 2024, nuevas acciones de inhabilitados volvieron a suspender el proceso.