El defensor del Pueblo Pedro Callisaya encendió las alarmas sobre la Ley 1740 promulgada por Rodrigo Paz. Identificó 3 puntos críticos que, según su análisis, ponen en alto riesgo derechos y libertades: estados de excepción que pueden superar las 72 horas y debilitar el control del Legislativo, la “presunción de legalidad operativa” que traslada la carga de la prueba a las víctimas, y la exclusión de la Defensoría como instancia de vigilancia durante la medida.Callisaya fue directo: “cualquier limitación a los derechos debe tener una mirada restrictiva porque, de lo contrario, puede haber desbordes”. Advirtió que presumir legalidad en el accionar de policías y militares podría desalentar denuncias por abusos. Mientras el Gobierno defiende que la norma preserva el orden constitucional, el movimiento cocalero teme que se use para intervenir en regiones con bloqueos. La Defensoría asegura que vigilará de oficio, aunque la ley no la contempla.