El canciller Fernando Aramayo lanzó una acusación directa y aseguró que las movilizaciones y bloqueos que paralizan Bolivia reciben financiamiento de “economías ilícitas” vinculadas al crimen organizado. En la presentación del informe del PNUD, el ministro afirmó que el Gobierno identificó “montos inimaginables” destinados a sostener las protestas y advirtió que el objetivo es proteger estructuras ilegales y desestabilizar al Ejecutivo de Rodrigo Paz.Aramayo fue tajante: “Movilizar en sesenta o setenta buses a cinco mil o siete mil personas, entregar alimentos, pagos, alcohol y dinamita no es gratuito”. Dijo que Bolivia enfrenta una “presión democrática real” y que el crimen transnacional busca influir en las estructuras políticas del país. El canciller defendió el derecho a la protesta, pero rechazó que bajo ese nombre se paralice el país, y aseguró que el Gobierno priorizará el diálogo antes que la represión en este nuevo ciclo político.