La polémica Ley 1720, que permite convertir la pequeña propiedad agraria en mediana propiedad de forma voluntaria, divide a Bolivia en 2026. El Gobierno y la CAO aseguran que destraba el crédito para campesinos atrapados en la subsistencia: al hipotecar la tierra podrán comprar maquinaria, semillas y riego. Pero indígenas, la Fundación Tierra y sectores campesinos advierten el riesgo real: al perder el blindaje de inembargable, si hay sequía, incendios o caída de precios, el banco remata la tierra y el patrimonio familiar termina en manos de agroindustriales. La sospecha crece porque, denuncian críticos, grandes empresarios habrían “camuflado” tierras como pequeñas propiedades para pagar menos impuestos y evadir la Función Económica Social. Ahora la Ley 1720 les daría vía libre para “regularizar”, acceder a financiamiento millonario y concentrar aún más tierra. La norma no obliga, pero en un país con sequías, contrabando y mercados volátiles, la deuda puede ser una trampa: beneficia a medianos y grandes con músculo financiero, mientras el campesino más pobre queda expuesto a perderlo todo.