La marcha que partió el 8 de abril desde El Sena, Pando, ya lleva 19 días en las carreteras y no hay quien la frene. Tres intentos de diálogo con viceministros y hasta con el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, fracasaron en Rurrenabaque y Collana. Ahora la columna engrosa sus filas: 300 campesinos de San Ignacio de Moxos, la CSUTCB y los mineros de la FSTMB que prometieron apoyo moral, material, logístico y presencia orgánica desde este lunes. Ya en Caranavi y a solo 167 km de La Paz, los marchistas exigen al Gobierno abrogar la Ley 1720, aprobada el mismo día que arrancó la protesta. Denuncian que la norma abre la puerta al latifundio al permitir que la pequeña propiedad pase a mediana en 10 días con solo una carta. “El Gobierno no es originario y nos quiere someter”, lanzaron desde la CSUTCB. El Ejecutivo está contra las cuerdas mientras la presión sube.