El presidente Rodrigo Paz cuestionó la movilización social contra el Decreto Supremo 5503, acusando a 50 dirigentes de recibir más de 18 millones de dólares al año amparados en el fuero sindical. «Eso es lo que se pagó durante 20 años para que haya organizaciones en Bolivia que, bajo la lógica de representación social, no hagan más que secuestrar al Estado», afirmó Paz en la inauguración del año judicial.