El presidente Rodrigo Paz ha generado un intenso debate político en Bolivia con el Decreto 5515, que le permite gobernar a distancia mediante tecnologías y recorta las atribuciones del vicepresidente Edmundo Lara, generando acusaciones de inconstitucionalidad y autoritarismo. La medida ha sido cuestionada por juristas, políticos y la Central Obrera Boliviana (COB), quienes argumentan que el Decreto vulnera el artículo 169 de la Constitución y concentra el poder en el presidente, debilitando la institucionalidad del Estado. Mientras tanto, defensores del Decreto sostienen que es necesario para preservar la gobernabilidad y evitar que Lara ejerza la presidencia, lo que podría generar inestabilidad política.